CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Una unidad especial para espiar a dirigentes sociales y opositores operaría desde Gendarmería, segun lo reconoció el jefe de la fuerza, Héctor Schenone, que lo denominó Proyecto X.
En diálogo con el programa A 2 Voces, por el canal de noticias TN, Schenone se refirió a la denuncia en la Justicia sobre la estructura montada con agentes infiltrados en protesta sociales que buscan información sobre los líderes de los grupos.
La denuncia surge a partir de la llamada “causa Kraft”, en la que 40 trabajadores fueron procesados en el fuero penal por el delito de "usurpación" - en relación con la semiocupación de la planta que fue desalojada por la infantería de la Bonaerense- y "coacción" -llevar compulsivamente a sus compañeros a la huelga- .
A la vez, en los tribunales de San Martín se tramita la causa federal por los cortes de la Panamericana. Es esta investigación la que se apoyó en información aportada por efectivos de Gendarmería que reconocieron en la causa haberse infiltrado en los piquetes.
Por la denuncia de espionaje, se abre otra causa federal.
En este expediente –a partir de un informe brindado por la Gendarmería Nacional- aparece la existencia de un listado propio de la fuerza llamado "Proyecto X" que les permitiría cruzar información: organizaciones, datos personales, hábitos, formación, recursos financieros y propiedades de los investigados.
La abogada denunciante Miriam Bregman, explicó que algunos colegas laboralistas empezaron a sospechar: "Nos llueven los procesos judiciales. Todas nacen a partir de informes secretos de la Gendarmería, que tiene listas negras".
Bregman relató cómo recaban la información: "Hay infiltrados en las marchas: se presentan como prensa independiente, pero no dicen de qué medio. Esto es la criminalización de la protesta social."
Para los abogados de derechos humanos, la existencia de este tipo espionaje y la existencia de una base de datos es ilegal e inconstitucional. "La Gendarmería no puede orientar una investigación", aseguró Bregman.
De acuerdo a la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, tras la denuncia, Gendarmería Nacional reconoció ante la Justicia Federal la existencia de una base de datos ilegal sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y políticos.
Según indicó, el propio comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, señaló en un escrito dirigido al juez federal Norberto Oyarbide que existe "una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas".
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