Estos Alimentos Depuran El Hígado Ayudándote A Bajar De Peso

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Las telefónicas presionan para usar la red de Arsat para dar cable

LPOQuieren aprovechar la fibra óptica que tendió el kirchnerismo para dar cable sin invertir en redes.

Presidencia

El presidente Macri y su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

 La salida del kirchnerismo del poder tuvo el efecto de sacar a flote la pelea de fondo del mundo de los medios que estaba tapada por la guerra de Cristina contra Clarín. El enfrentamiento estratégico es entre las telefónicas y los cables.

El gobierno de Mauricio Macri viene surfeando esa tensión enviando gestos a uno y otro lado, con funcionarios mas cercanos a los medios y otros a las telefónicas. Sobre este último grupo se desató una operación fuerte en los últimos días para que se hablite a las telefónicas a usar la infraestructura de la estatal Arsat, para brindar servicio de cable y acaso banda ancha.

La idea es aprovechar el descomunal tendido de fibra óptica que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en todo el país y que nunca se utilizó por esas cosas del kirchnerismo: Tendieron más de treinta y cinco mil kilómetros, pero se mancaron cuando había que construir la “ultima milla” que le daba capilaridad a la red en las ciudades.

Ese gigante dormido más la capacidad satelital de Arsat es hoy un bocado apetecido por las telefónicas, que se ahorrarían así la multimillonaria inversión en redes, en las que cableoperadores como Cablevisión, Supercanal y Telecentro llevan invirtiendo hace décadas.

Operadores polémicos

El lobbysta en jefe de las telefónicas en el Gobierno es el abogado José Sánchez Elías, que rechazó formalmente formar parte del gabinete, pero ubicó en el Ministerio de Comunicaciones a su alfil, Héctor Huici, actual secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Este abogado, ex integrante del poderoso estudio M&M Bomchil, litigó contra la Argentina en el Ciadi y le ganó al Estado un juicio que obligó al país desembolsar 133 millones de dólares a la firma MS Gas Transmission Co. También defendió ante el tribunal del Banco Mundial a Enron. Hoy es una figura clave en la definición de la normativa que regulará la convergencia que el gobierno de Macri va habilitando.

Héctor Huici, Roberto Catalán y Oscar González, mantienen relación con el ex funcionario menemista Germán Kammerath, un hombre de acceso directo al presidente Macri en el tema de telecomunicaciones.

Lo acompañan en ese trabajo Oscar González y el riojano Roberto Catalán, hijo de un ex juez de la Dictadura condenado por violaciones a los derechos humanos. Catalán tuvo reciente fama porque el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, lo tuvo que echar del directorio de la empresa provincial de energía, cuando este abogado tildó de “asesinos” a los padres del nieto recuperado 121.

“No avalo desaparecidos, ni un niño apropiado, tampoco el olvido de las víctimas de Terrorismo. Menna y Lanzilloto eran asesinos, no militantes”, tuiteó el entonces director de la estatal Edelar.

Luego de recibir cuestionamientos de los organismos de DDHH de La Rioja, Catalán no se amilanó: “¿Y si le sacan la pensión vitalicia a los autodenominados presos políticos que tengan otro ingreso estatal y le dan a los jugadores del 78?”, propuso.

Hoy este abogado logró reciclarse en el entorno de Huici. Pero no fue casualidad. En los noventa, presidió la Comisión nacional de Comunicaciones (CNC), donde junto a Huici y González trabajaron bajo las órdenes del cordobés Germán Kammerath, un asesor directo del presidente Macri en telecomunicaciones, que mantiene su influencia intacta.

Todos ellos comparten además trabajos jurídicos en el mundo privado, donde suelen contar a las telefónicas y sus empresas vinculadas como clientes. Por eso los cables preparan una denuncia por incompatibilidad, porque pusieron baso su órbita el tema satelital, pese a que tienen como clientes a las satelitales Tesacom e Hispasat.

Daniel Vila y Alberto Pierri, dueños de Supercanal y Telecentro, están furiosos ademas, porque se enteraron que quieren cambiar la normativa que firmó Macri para bajar en un año en plazo para que las telefócnicas ingresen al negocio del cable, cuando ellos estaban reclamdno que por el contrario se extendiera cinco años extra la prohibición.

LOS CORRUPTOS PRIVADOS: Inscribían a desocupados como choferes de colectivos para cobrar subsidios

Las empresas obtenían millones extra del Estado gracias a esa maniobra. Ya lo investiga la Justicia. 

Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas" Foto: Fabián Gastiarena

Como los huéspedes de los hoteles de la familia Kirchner, alojados en los registros contables sin haber estado en las lujosas habitaciones con vista a las calmas aguas del Lago Argentino, en Mar del Plata la Justicia investiga el caso de trabajadores de empresas de transporte de pasajeros que, sin embargo, nunca se sentaron al volante de ningún colectivo. Aquí los llaman los “choferes fantasma”.

Al engrosar su caudal de empleados en blanco a través de sus declaraciones juradas, las empresas obtenían millones de pesos extra en subsidios y además, según contó a este diario el abogado de los damnificados, la maniobra la llevaron adelante en el momento en que pedián un aumento del precio del boleto, que finalmente consiguieron.

“En marzo el boleto pasó a costar de $ 5,90 a $ 6,86. Los concejales se taparon la nariz y votaron, no les importó que hubiera casi 400 desocupados que las empresas usaron para aumentar sus costos operativos ni que hayan cobrado millones de pesos en subsidios”, explicó a Clarín Julio Hikkilo, abogado de La Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a asistir a trabajadores.

Los medios de noticias locales llamaron “fantasma” a los desucupados que fueron declarados como empleados por las empresas de transporte. Ellos se enteraron de la peor manera de la maniobra en la que fueron usados: algunos cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo, otros yendo en busca de la mensualidad del seguro de desempleo, y en las ventanillas de pago les informaron que no iba a ser posible que cobrasen porque fuguraban en los registros de la Anses y AFIP como empleados de líneas de colectivos del transpote público marplatense con sueldos promedio de 20 mil pesos.

En la mayoría de los casos los choferes habían acercado su currículum, algunos llegaron a dar una prueba de trabajo, pero nunca fueron convocados. De allí se tomaron sus datos. En total son 392 desocupados los que las empresas hicieron figurar en sus declaraciones juradas ante la AFIP, y casi 12 millones de pesos los que cobraron en concepto de subsidios. Algunos figuraban como choferes en más de una empresa.

Las empresas investigadas en la maniobra que denuncia la Casa del Trabajador son “25 de Mayo SLR”, “12 de Octubre SLR”, “Transportes Peralta Ramos SA” y Libertador SLR”; entre ellas controlan más del 90% del transporte público marplatense.

La investigación comenzó en abril pasado a partir de la denuncia de Hikkilo, que reclama que la investigacion sea de competencia federal. La causa está en manos del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien sobre el pedido dijo que “aún se encuentran pendientes de producción diligencias útiles en orden de delinear el objeto procesal”.

El abogado César Sivo, por parte de las empresas transportistas, sostiene que la pretensión de que un fiscal federal sea quien lleve adelante la investigacion, “es, como mínimo a esta altura procesal, evidentemente prematura en tanto el pedido únicamente se basa en la ambigua y genérica referencia de que ‘podrían’ (en sentido potencial) los hechos investigados guardar relación una materia de injerencia investigativa federal”. Pero argumenta el abogado de La Casa del Trabajador que la competencia debe ser de la Justicia Federal “por tratarse de una defraudación al Estado nacional”.

Todavía no hay delito definido ni imputados en la causa. Quienes firmaron las declaraciones juradas fueron los empresarios Juan Inza (25 de Mayo, 12 de Octubre, Libertador) y Diego Basilico (Peralta Ramos), y el contador Federico Pomero. Por lo pronto, se sabe que por ahora el caso continuará en la obita de la Justicia provincial, tal como resolvió a mediados de octubre la jueza de Garantías Rosa Frende.

“Los empresarios reconocieron lo que hicieron, pero dicen que se trató de un error involuntario, ¡Es decir que tuvieron 392 errores de tipeo, es un escándalo!”, dijo Hikkilo. En estos días los empresarios del transporte en Mar del Plata reclaman un nuevo aumento del precio del boleto. “Piden un aumento cuando no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que son estas personas que de un día para otro dejaron de cobrar sus planes asistenciales. Es una burla”. 

VIA CLARIN

M A M O N Latinos VS Donald Trump Ale Damiani

corto producido por el uruguayo Ale Damiani. M.A.M.O.N. Monitor Against Mexicans Over Nationwide(Vigile a los mexicanos en todo el país) es un cortometraje de ciencia ficción satírico de fantasía que explora con humor negro y un montón de VFX las consecuencias escandalosas del plan de Donald Trump de prohibir la inmigración y construir un enorme muro en la frontera México-Estados Unidos.

HUMOR GRAFICO

El Gobierno intimó a los medios K para que regularicen sus deudas

Medios K

Se estima que la deuda que las empresas tienen con el fisco supera los 75 millones de pesos.

Durante casi 7 años, los medios de comunicación pudieron canjear deudas impositivas -especialmente aportes patronales- por espacios de publicidad oficial. Fue, junto al discrecional manejo de la pauta, una de las herramientas que el kirchnerismo utilizó para oxigenar a sus empresarios amigos y construir su relato. Se sabe, la experiencia terminó mal para la gran mayoría: con el cambio de gestión, varios medios cerraron y otros discontinuaron o cambiaron sus formatos. El Gobierno de Mauricio Macri se encontró así con una deuda millonaria y ahora intima a sus dueños para que regularicen la situación.

Se estima que la deuda que los medios tienen con el fisco supera los 75 millones de pesos.

Entre los medios apuntados sobresalen el Buenos Aires Herald, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Indalo de Cristóbal López, y la Revista Veintirés, de los hermanos Raúl y Alejandro Olmos (Grupo Crónica). Ambos habían firmado convenios de cancelación de deuda por publicidad en sus ediciones impresas, pero cambiaron recientemente su formato: el periódico escrito en inglés se convirtió en semanario; mientras que la revista dejó de editarse en papel y sólo se publicará en la web.

El Gobierno considera que, modificadas las reglas de juego, las respectivas firmas deben hacerse cargo de la deuda. “¿Por qué tenemos que acoplar los espacios que teníamos ya canjeados porque ellos decidieron cambiar de formato?”, razonan en Casa Rosada.

Por este motivo, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, el viernes pasado la Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Jorge Grecco, les envió sendas cartas documentos, en las que los insta a que confirmen si van a poder seguir cursando “pauta publicitaria en formato papel, en el medio mencionado en el acuerdo”.

De algún modo, con esta intimación, el Gobierno se muestra inflexible a renegociar las condiciones de lo firmado durante la Presidencia de Cristina. Y también se anticipa a desestimar que tanto Cristóbal López como los Olmos recurran a otras empresas para cursar esa pauta. Ergo, deberán hacerse cargo de la deuda ante la AFIP o someterse a una demanda. “Si no cumplen se evaluará si corresponde iniciar un proceso penal tributario”, advirtieron desde Jefatura de Gabinete.

En el caso del Herald, de la deuda total de 22 millones de pesos, el saldo es $14.684.130,04. Mientras, Veintitrés sólo cubrió unos 522 mil pesos y debe unos $18 millones.

En la misma situación contractual se encuentran Radio América -la firma Desup SA- y Tiempo Argentino -Blakbrug SA- cuyo ex dueño, Sergio Szpolski, transfirió con una deuda global de 58 millones de pesos al empresario correntino Mariano Martínez Rojas.

La radio, que mantiene un saldo de $23.548.045, se encuentra intervenida. Mientras el diario fue recuperado por una cooperativa de sus trabajadores. No obstante, el Gobierno debió enviar las cartas documentos respectivas mientras la Justicia determina quién debe responder por esas deudas.

El canje de deudas impositivas por pauta comenzó en 2009, con el decreto 1145/2009 que firmó Cristina ordenando a la AFIP “suspender todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas tendientes al cobro de las deudas" y habilitando a la Jefatura de Gabinete a firmar convenios por publicidad con los medios deudores. La justificación a aquella medida resultó, cuanto menos, curiosa: la ex Presidenta precisó que se debía como paliativo a “la crisis internacional” que se atravesaba por entonces. También resultó llamativo el tope que se estableció de deuda: 100 millones de pesos por cada medio.

El canje se prorrogó cada año de mandato de Cristina. Pero tras su asunción, Mauricio Macri, avisó que no iba a aceptar que los medios se financiaran de esa manera. Y dio un plazo máximo hasta el 31 de marzo pasado. Es decir: los medios intimados no podrán firmar un nuevo convenio.

VOA CLARIN