Las declaraciones de Cristina Kirchner exigiendo a los candidatos presidenciales a presentar declaraciones juradas pusieron otra vez en discusión un tema incómodo para todas las fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires. La obligación de blanquear sus patrimonios.
Lo cierto es que el Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley de Ética Publica que establecía, entre otras cosas, la obligatoriedad para que funcionarios presenten la declaración jurada. Lo curioso es que fue La Cámpora en Diputados fue quien cajoneó ese proyecto durante quince meses en las comisiones y finalmente perdió estado parlamentario.
El proyecto, aprobado en el Senado en julio de 2013, obligaba que el gobernador, los intendentes y el conjunto de los funcionarios provinciales y municipales hicieran públicas sus declaraciones juradas y dieran cuenta de la evolución de sus patrimonios.
Pero además determinaba que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones. Según el detalle del texto, “en el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registro y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado provincial”. TODO EN LPO
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