Por Katitza Rodriguez. Electronic Frontier Foundation.
Campaña conjunta de Fundación Vía Libre con Electronic Frontier Foundation.
Campaña conjunta de Fundación Vía Libre con Electronic Frontier Foundation.
Hace dos años, el Reino Unido desmanteló su sistema nacional de identificación y destruyó su registro de identidad nacional, en respuesta a un gran reclamo público contra un programa invasivo de la intimidad de las personas. Argentina, donde la lucha contra los registros de identidad nacional se perdió hace muchos años, y cada individuo está obligado a tener un DNI debido a una ley promulgada durante una dictadura militar, entró en el proceso de enriquecer su Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información biométrica tal como huellas digitales y rostros digitalizados. Ahora, el gobierno planea redimensionar esa base de datos para facilitar “acceso fácil” al integrar esos datos en un nuevo sistema integrado orientado a la seguridad. Esto aumenta el grado de vigilancia generalizada, ya que las agencias de seguridad de Argentina tendrán acceso a repositorios masivos de información de ciudadanos, y serán capaces de mejorar las capacidades de hacer reconocimiento facial y por huellas digitales con tecnologías que permitan identificar a cualquier ciudadano en cualquier lugar.
En los últimos días de 2011, la Presidente Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un Decreto del Poder Ejecutivoordenando la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), un nuevo servicio de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permitirá a las agencias de seguridad hacer “referencias cruzadas” de información con datos biométricos y otros datos inicialmente recogidos con el fin de mantener la operatoria del Registro Nacional de DNI. Históricamente, las bases de datos de huellas dactilares en poder de la policía estaban limitadas a aquellos sospechosos o convictos de ofensas criminales. Sin embargo, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió el manejo de una enorme base de datos con huellas digitales recolecatadas a los ciudadanos argentinos en general durante el proceso de emisión de pasaportes y cédulas de identidad. Desde marzo de 2011, esa base de datos fue integrada al sistema de emisión de documentos del RENAPER. Hasta entonces, la Policía Federal había logrado armar una base de datos con alredecor de 8 millones de huellas digitales, aunque según parece, ese procedimiento fue considerado demasiado lento por el gobierno argentino. Siguiendo el nuevo decreto, la iniciativa SIBIOS le dará a la Policía Federal acceso a la base de datos del RENAPER (y viceversa), duplicando el alcance de la Policia Federal a aproximadamente 14 millones de registros de huellas digitales digitalizadas. Empezando con el primer bebé nacido en 2012, Argentina comenzó a registrar información biométrica de los recién nacidos con SIBIOS. Se proyecta que, a medida que venzan los viejos pasaportes y se renueven los DNI, (y que nuevos bebés nazcan), la base de datos de SIBIOS crecerá hasta lograr registro de más de 40 millones de argentinos en los próximos dos años.
Pero la iniciativa de SIBIOS hará mucho más que expandir el número de huellas dactilares digitalizadas a las que la policía federal tendrá acceso. De acuerdo al discurso de la Presidente Fernández de Kirchner, el SIBIOS estará completamente integrado con las bases de datos de identificación, que además de los identificadores biométricos, incluyen imagen digital, estado civil, grupo sanguíneo y otras informaciones básicas que se recolectan desde el nacimiento y a través de la vida de las personas. Además, no sólo la Policía Federal tendrá acceso a este sistema integrado. SIBIOS fue diseñado para el uso de otras fuerzas de seguridad y organismos, incluyendo la Dirección de Migraciones, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, incluso estará disponible a las fuerzas policiales y entidades provinciales, a través de un Acuerdo con el Estado Nacional. Sin embargo, no ha habido discusión pública sobre las condiciones bajo las cuales los oficiales públicos tendrán acceso a los datos. Los promotores de SIBIOS argumentan que el programa facilitará la aplicación de la ley y el acceso en tiempo real a los datos de los individuos, sin embargo las precauciones mínimas usadas para prevenir la vigilancia masiva por parte del estado siguen siendo una incógnita.
Tal vez la parte más preocupante de la iniciativa de SIBIOS son las tecnologías que se pretenden escalar para explotar estas bases de datos en la aplicación de la ley. La policía Federal, por ejemplo, será capaz de usar sus nuevos sistemas de reconocimiento facial para buscar en el inmenso repositorio de imágenes del RENAPER, para identificar personas en fotografías e incluso mediante cámaras de vigilancia. Las fuerzas de seguridad argentinas se están equipando condispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada.
El peligro de una sociedad de vigilancia
Los sistemas nacionales de identificación y otros métodos similares de centralización de datos personales incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva. Junto con la recolección simultánea de identificadores biométricos, tales como rostros digitalizados, se crea una capa adicional de seguimiento que es aún más intrusiva y peligrosa. Como en el caso argentino, las tecnologías biométricas son esencialmente individualizantes y pueden interoperar fácilmente con tecnologías de bases de datos, permitiendo que violaciones extendidas de la privacidad sean sencillas y más dañinas.
Para nuestra alarma, la Presidente Fernández de Kirchner ha ido mucho más allá, al punto de abrazar el potencial de vincular el sistema de registro facial obtenido a través de las cámaras de vigilancia en la vía pública con las imágenes obtenidas a través de sistema SIBIOS. Gracias a que las tecnologías son cada vez más accesibles, las cámaras callejeras de videovigilancia están hoy en todas partes, por lo que esta funcionalidad es particularmente peligrosa, y tiene el potencial de llevar a un sistema de vigilancia política generalizada. (Esta visualización nos muestra por ejemplo, cómo es el sistema de más de mil cámaras instaladas sólo en la Capital Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Dada la prevalencia de cámaras en las calles y lo fácil que se ha tornado identificar un rostro anónimo entre miles, las personas que se preocupan por su privacidad y anonimato tendrán serias dificultades para preservar su identidad de las bases de datos biométricas en el futuro próximo. Hay un pronóstico de extremo riesgo en un mundo donde la foto de cualquier individuo, tomada por una cámara callejera o publicada en una red social, puede ser vinculada a su numero de ID nacional. Las tecnologías de entrecruzamiento de datos sólo van a mejorar en el futuro. (vean aqui y aquí para conocer más sobre sistemas de reconocimiento facial).
EFF viene advirtiendo desde hace tiempo que el seguimiento perfecto es dañino para una sociedad libre y democrática. Los ciudadanos tienen una expectativa razonable de mantener su privacidad y anonimato, en particular en relación a la construcción de perfiles. Una combinación de sistemas de ID biométricos manejados por el gobierno con sistemas generalizados de reconocimiento facial viola principios esenciales de las sociedades libres al facilitar la localización y el seguimiento de personas, centralizando peligrosamente estos datos, con los consiguientes riesgos de abuso por parte del estado.
Tal como dice Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, este tipo de vigilancia masiva puede tener serias consecuencias para aquellos que desean disentir políticamente:
“En nombre de la seguridad pública, Argentina ha impulsado políticas de vigilancia masiva incluyendo un monitoreo generalizado de los espacios públicos. La privacidad es particularmente esencial en un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes movimientos sociales y políticos que han ganado las calles para hacer oir su voz. Es de enorme importancia que los activistas puedan permanecer anónimos en las manifestaciones públicas, en particular cuando están en desacuerdo con el gobierno. De esta manera, SIBIOS no sólo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos”.
En una entrevista a la prensa argentina, Mora Arqueta, Directora del RENAPER, explicó que el real propósito del sistema nacional de Identificación es “tener la mayor cantidad posible de información de las personas, y tomar al ciudadano como un individuo que interactúa con el Estado desde muchos lugares”. Sus comentarios admiten directamente la perversión del sistema que pasará del original, donde simplemente se asignaba un número de documento de identidad a un individuo a otro que viola de plano todos los principios establecidos en materia de minimización de la recolección de datos y pretende una recolección masiva e innecesaria de información personal. El problema de dejar que el gobierno retenga semejante cantidad de datos sensibles es que le otorga demasiado poder concentrado. Cabe preguntarse, por ejemplo, si quienes sancionaron el decreto se detuvieron a considerar qué hubiera ocurrido si la última dictadura militar argentina hubiera contado con una base de datos de estas características. El debate público en Argentina debe ser entonces sobre ese poder, y sobre los límites que se le deben fijar en esta materia. Para sostener una sociedad abierta y democrática es necesario mantener un nivel razonable de desconfianza en este tipo de política.
Los argumentos de Fernández de Kirchner de que SIBIOS ofrece “un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen” son alarmantes y representan otra desviación más del propósito original con el cual fue creada la base de datos del RENAPER. Este argumento es engañoso, y falla en analizar seriamente los riesgos de SIBIOS y las limitaciones e impactos que tendrá en las libertades civiles y la protección de datos personales. Una y otra vez, hemos escuchado el dudoso argumento retórico de que la biometría es necesaria para luchar contra el crimen e incrementar la seguridad. De hecho, estas bases de datos biométricas masivas son un foco de atención de información sensible en riesgo de ser explotada también por criminales y estafadores de todo tipo.
Los derechos a la intimidad de las personas y la protección de datos están consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Argentina. Dada la enorme cantidad de preocupaciones que generan las bases de datos biométricas de este tipo y las posibilidades de filtraciones de seguridad en el futuro, es irracional recolectar información biométrica a nivel nacional en este formato. El gobierno argentino debe limitar la recolección, el procesamiento y la retención de datos al mínimo estrictamente necesario para cumplir objetivos específicos, y limitar las posibilidades de compartir información sensible. La EFF y la Fundación Vía Libre de Argentina seguiremos trabajando en forma conjunta contra este tipo de medidas intrusivas dispuestas por el Gobierno Nacional.
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