Empresas emisoras de tarjetas de crédito, bancos y cámaras de comercio firmaron este viernes un acuerdo voluntario de rebaja de comisiones, que representa una transferencia al circuito comercial de unos $5.000 millones, pero que no se espera que mejore los precios finales al público.
Este acuerdo llega luego de que el programa de Precios Transparentes deprimiera el consumo, complicando aun más la delicada situación del comercio que se enfrenta a la baja del nivel de consumo que produjo el reordenamiento económico de Macri.
Con ese programa el ministro de Producción, Francisco Cabrera, pretendía transparentar o sincerar cuánto se encarecían los precios por el costo financiero de las tarjetas de crédito y de esta forma abaratar los productos y obligar a los bancos a competir a la hora de brindar el servicio de financiamiento en cuotas, en lugar de esconderse detrás del slogan "cuotas sin interés". Sin embargo, el resultado hasta ahora ha sido la fuerte contracción de las ventas con tarjetas del 30% en febrero y más aun en los rubros más dependientes del financiamiento como los electrodomésticos.
Esta medida y la quita de devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito terminaron resultando en incentivos para las ventas en efectivo, en contra de la campaña de bancarización e inclusión financiera del Banco Central.
Por eso, el Gobierno acordó la entrega de pos gratuitos para comercios pyme para deshacer el desincentivo a la economía en blanco y les pidió a los bancos públicos que salieran agresivamente a promover el financiamiento para el consumo. Banco Ciudad, Nación y Provincia lanzaron planes de 50 cuotas al 19% anual de interés.
Ahora, este nuevo acuerdo busca reducir el costo financiero para los comerciantes y así incentivarlos a vender con plásticos. El convenio firmado establece que, a partir de abril, el máximo que podrán cobrar de comisiones los bancos a los comercios baje un 16% promedio. Así, por las ventas con tarjeta de crédito, cuyas comisiones tienen un tope actualmente de 3%, el máximo pasará a ser del 2,5%. Y para las ventas con tarjeta de débito, el límite pasará a ser del 1,2% cuando hoy en día es de 1,5%.
Además, se firmó un descenso escalonado de los aranceles hasta 1,8% y 0,8%, respectivamente hasta 2021.
A su vez, Cabrera informó que la empresa Prisma -que controla el negocio de las operaciones con tarjetas de débito y crédito- presentó un plan de desinversión ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La compañía es propiedad de 14 bancos y es exclusiva procesadora de la tarjeta VISA y debido a esta situación había sido cuestionada por su "posición dominante" en el mercado.
El Gobierno estimó que en dos semanas definirá si aprueba o rechaza la iniciativa presentada por la compañía y luego se habilita un proceso que puede demandar unos 90 días más. Mientras tanto, como adelantó LPO, en el Palacio Legislativo hay dos proyectos de ley con media sanción cajoneados y un tercero en comisión. Al respecto, Cabrera señaló que en forma paralela se seguirá debatiendo en el Congreso una reforma más amplia de la Ley de Tarjetas de crédito.
En conferencia de prensa, el ministro indicó que el mayor beneficiario será el sector comercial y, pese a haber festejado en twitter este acuerdo como un avance para la competitividad, en la rueda de prensa advirtió que no hay expectativas de que esta medida se traduzca en una baja en los precios de venta al público.
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