premiado por la evolución del delito en la Provincia, Daniel Scioli resolvió la Emergencia en Seguridad, por doce meses, como un intento desesperado para evitar el riesgo de quiebre político en su gestión.
Dispondrá de 600 millones de pesos provenientes del Banco Provincia para compra de equipamiento policial, convocará 5.000 policías retirados para tareas de prevención y represión criminal, e instalará en la agenda un sistema de botón de alarma celular.También la descentralización del 911. Y la circulación de 1.000 nuevos patrulleros. Ratificó la incorporación a la dotación de policía bonaerense (58.000 agentes) de 10.000 egresados en 2015.
Scioli quiere mostrar iniciativa, en momentos de tensión social por los hechos de violencia delictiva. En Buenos Aires se registran cuatro asesinatos por día. De cada diez casos, seis fueron con utilización de revolver, pistola, escopeta u otra arma letal. Es estadística oficial de la Procuración de la Suprema Corte.
Los episodios de linchamiento emergen como un nuevo fenómeno del desmadre de la seguridad pública. También del corrimiento de la frontera delictiva, como el caso del robo al Banco en Bernal, donde un verdadero escuadrón ilegal armado fue capaz de desafiar el esquema de seguridad con fusiles Fal, ametralladoras Uzi y arsenal sofisticado.
El gobernador señaló la presencia del narcotráfico como elemento central de su diagnóstico.
Ayer, diez años exactos después, apeló al mismo recurso institucional que su antecesor, Felipe Solá. En marzo 2004, cuando todavía los efectos del caso Axel Blumberg -secuestrado y asesinado en La Reja, en el Conurbano- agobiaba a la administración de Solá y la presidencia de Néstor Kircher, se dictó el decreto de Emergencia. Tuvo aplicación hasta 2010.
La Provincia agotó las recetas en el medio. También la tendencia a fusionar ministerio de Seguridad y Justicia. Vuelta a separar. Ensayo prueba –error.
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