El oficialismo consiguió hoy aprobar y convertir en ley el proyecto que exime al Estado de responsabilidad en cuestiones tales como "los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos" y que rechaza cualquier sanción económica "disuasiva" contra "agentes y funcionarios".
La norma fue aprobada por 38 votos positivos contra 23 negativos, tras casi cuatro horas de debate técnico entre oficialismo y oposición.
El nudo de la discusión fue acerca de los efectos de la ley, dado que desde la oposición se piensa que el oficialismo plantea una norma que tiende a proteger al Estado frente a las corporaciones, grandes bufetes de abogados y jueces débiles frente al poder, pero no se tiene en cuenta la desprotección del ciudadano común ante el poder estatal.
El oficialismo sostuvo que en términos generales no hay grandes cambios, no hay tal desprotección de los ciudadanos y que la norma viene a cubrir un vacío legal, dado que hasta ahora la responsabilidad del Estado se viene rigiendo por los fallos de la Corte Suprema en la materia.
El senador por el radicalismo Ernesto Sanz, reclamó que se aplique "el derecho común" para atender estas cuestiones con el Estado y el resarcimiento a los ciudadanos sea igual y recordó que "hasta el momentos nos hemos regido por resoluciones de la Corte Suprema, que se basan en el Código Civil".
También advirtió que la normativa elimina las sanciones pecuniarias y cuestionó el artículo 6, que sostiene que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos".
En su artículo 1, la propuesta establece que "la responsabilidad del Estado es objetiva y directa" y que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiria".
El oficialista Pablo González informó el proyecto y descartó varios de los cuestionamientos, entre ellos, el que plantea cierta impunidad de los funcionarios nacionales, al responder que "el artículo 9 claramente expresa que aquel funcionario u órgano de la administración al obrar en forma negligente o culposa deberá responder con acción resarcitoria".
La representante de UNEN Magdalena Odarda criticó la supuesta "multiplicidad de normas" que puede acarrear la propuesta del oficialismo dado que, explicó, hará que cada provincia tenga su propio sistema para atender la relación Estado-ciudadanos que consideró "debería ser homogéneo en todo el país".
Mientras, la juecista Norma Morandini disparó que "se trata de una suerte de auto-amnistía de los funcionarios", aunque el artículo 9 reza: "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino por una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de los daños que causen".
Y dispone que "la acción resarcitoria contra funcionarios o agentes prescribe a los tres años" así como la acción del Estado contra esos "funcionarios o agentes causantes de daños prescribe a los tres años de la sentencia firme que estableció la indemnización".
El socialista Rubén Giustiniani apeló al pensador Raúl Scalabrini Ortiz al recordar que "lo que no se legisla explícitamente a favor del débil, se legisla implícitamente a favor de los poderosos" y remarcó que en este caso "poderosos son el Estado y los grupos económicos. El débil es el ciudadano, los trabajadores".
Dijo que es "una ley que blinda a los funcionarios de su responsabilidad. Es una ley de irresponsabilidad" y añadió: "Este proyecto tiene la misma lógica que las cautelares (cuando el gobierno propuso la ley para regular las cautelares)", dado que se quiere "defender tanto al Estado que le quitamos derechos a los ciudadanos".
Mientras, la macrista Gabriela Michetti sostuvo "no da la impresión de que sea una ley clara" y estimó que la norma "va a dar lugar a interpretaciones tan disímiles que nos hará volver a la interpretaciones pretorianas de la justicia". VIA PERFIL
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