Advertida del escándalo por las concesiones a las telefónicas de la nueva Ley de Telecomunicaciones, Cristina Kirchner ordenó a sus funcionarios que salgan a instalar una supuesta bronca de las compañías por supuestas regulaciones que los afectarían.
Fue lo que hicieron entre en los últimos días Jorge Capitanich, Norberto Berner y Julio de Vido, los encargados de defender el proyecto oficial. Según supo LPO, se trató de una orden directa de la mandataria para sus funcionarios, que debe ser replicada por medios y periodistas amigos.
El argumento que bajó la Presidenta para que traten de instalar es una supuesta bronca por la regulación de tarifas que establecerá la nueva ley, algo que ya existe en algunos segmentos del negocio como la telefonía fija y que también intentó imponerle a Clarín en el cable.
"Seguramente (a las compañías) no les gustará que se elimine la larga distancia, tampoco el concepto de neutralidad en la red o los mecanismos regulatorios del uso de la red", argumentó el miércoles el jefe de Gabinete, cuando le respondió a Miguel Pichetto.
"El que busque en la ley algún beneficio para las grandes compañías telefónicas no lo encontrará. Se elimina la larga distancia, que es plata que dejamos de pagar los usuarios y plata que les deja de entrar a ellas. Además, todas las redes serán declaradas de uso público y abiertas para que todos los que hoy tengan una licencia", fue la justificación del Secretario de Comunicaciones.
Otro que hizo fila para repetir el libreto oficial fue el ministro de Planificación. De Vido dijo que "los que se oponen a esa ley son los mismos que se hicieron los chanchos rengos cuando se hizo el rebalanceo de tarifas" y sostuvo que para el Estado "es una herramienta de inclusión para que los caños (en referencia al acceso por el cual llegan los servicios de telefonía, cable e Internet) estén al servicio de los 45 millones de usuarios".
Sin embargo, el argumento de que la nueva ley afectará la rentabilidad de las telefónicas a partir de la regulación de tarifas se cae. Es que el articulado del proyecto sólo deja claramente expresado que se regularán las tarifas que se pagan entre los operadores por el uso de las redes.
En cambio, para las tarifas que pagan los abonados hay una falta de especificación que algunos creen que podría habilitar a las compañías a seguir disponiendo los precios discrecionalmente. Incluso, se liberarían tarifas como las de telefonía fija, que están reguladas desde hace años. En el caso de los celulares, el gran negocio de las telefónicas, seguiría como en los últimos años, cuando el kirchnerismo se negó sistemáticamente a declararlos servicio público.
"En materia de regulación de tarifas debería ser más preciso, ya que su confusa redacción no permite saber si la regulación será a nivel mayorista o incluirá también el nivel minorista. Mucho menos identificar qué mecanismos se utilizarán para determinar los costos del servicio de forma tal que una tarifa política no atente contra el mantenimiento y desarrollo de las redes existentes", escribió el abogado especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.
Además, hay que tener en cuenta que la declaración de servicio público de las redes tendrá como principal favorecido a las telefónicas, que podrán ingresar al cable, y que perjudicará al que sí en ese caso el Gobierno le determinará las tarifas.
"La experiencia local demuestra que muchas veces las tarifas de los servicios públicos se fijan políticamente por debajo de los costos. Y cuando esto sucede, repercute en la calidad de servicio, tal como se puede comprobar con la electricidad cuando hace calor o el gas cuando hace frío. El tema es más relevante en el caso de las telecomunicaciones, ya que éstas están en constante evolución, lo que podría repercutir en la actualización necesaria. En otras palabras, la fijación de la tarifa no es garantía de buen funcionamiento", señaló Carrier.
El papel de Rodríguez Zarco
Además de los funcionarios quien salió a dar explicaciones sobre el proyecto Argentina Digital fue el vicepresidente de Telefónica, José Luis Rodríguez Zarco. Como reveló en exclusiva LPO, el ejecutivo fue uno de los ideólogos de la ley que Cristina mandó al Congreso. Ese injerencia es la que explica las concesiones a las telefónicas.
En una llamativa entrevista que dio anoche en América, el canal de Daniel Vila otro de los actores de la trama de la nueva ley y de la subasta del 4G, Rodríguez Zarco calificó esa versión como "una auténtica falacia". "Me parece un despropósito quién lo está diciendo, un auténtico despropósito", insistió.
"Rodríguez Zargo se entera de que van anunciar el proyecto de ley de Argentina Digital a las 9 de la mañana del mismo día que lo anuncian. Y me llaman para que asista a ese evento. Cuando llegué allí no sabía que es lo que iba a suceder, no lo sabíamos ninguno", argumentó.
Pero luego se sumergió en la explicación y terminó revelando algunos detalles desconocidos y que sugieren que algo de la trama conocía. "Lo ha elaborado la Secretaría de Comunicaciones, con funcionarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones, y me parece que también del Ministerio de Economía. Hay gente experta. Nadie del sector de la industria (...) ha trabajado en ese proyecto más que los funcionarios públicos de este gobierno", explicó.
Zarco se trabó también tratando de explicar los incumplimientos de Telefé a la Ley de Medios, que ahora podrá sortear a partir de la habilitación para que los licenciatarios de servicios públicos mantengas los canales de televisión. "Me parece lamentable lo que está pasando con Telefé (...) Porque han puesto un árbol para que no veamos un bosque enorme", señaló en referencia a las supuestas inversiones millonarias que hizo la empresa, aunque tampoco dejó claro qué es lo que se quiere tapar.
VIA LPO
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