SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- A casi dos semanas de las elecciones y luego de haber realizado múltiples denuncias públicas sobre supuestas irregularidades, el Acuerdo para el Bicentenario (APB), formalizó ayer el planteo ante la Justicia y exigió la nulidad de los comiciosrealizados el 23 de agosto último.
El candidato a gobernador del frente opositor, el radical José Cano, y su compañero de fórmula, el peronista Domingo Amaya, encabezaron la presentación de una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo local. Pidieron que se ordene un nuevo llamado a elecciones y que coincida con los comicios presidenciales del 25 de octubre próximo.
Además, mediante una medida cautelar de no innovar, los denunciantes solicitaron que se disponga la inmediata suspensión del escrutinio definitivo que lleva adelante la Junta Electoral Provincial (JEP) para evitar que se avance con un proceso "fraudulento e irregular", según lo definió Cano.
"Creemos que hay elementos contundentes para demostrar que hubo un proceso fraudulento tendiente a violentar la voluntad popular expresada en las urnas. El planteo de nulidad de los comicios no se basa sólo en las leyes electorales, tiene sustento en principios de la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales a los que Argentina está adherida", dijo el diputado radical.
A su turno, Amaya informó que en la denuncia plantearon que "vino gente de otra provincia a votar a Tucumán, lo que es un delito que debe ser investigado penalmente, al margen de lo que se determine con el tema electoral".
Según los opositores, los comicios presentaron "elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos el día de la votación", sino que también sumó irregularidades en las jornadas previas y posteriores al acto electoral.
En la denuncia se enumeran, entre otros hechos, los actos de clientelismo, enfrentamientos armados entre dirigentes, la quema de urnas, la adulteración de planillas y las irregularidades advertidas por empleados de la JEP durante la noche de la elección (ver aparte). También se advierte sobre una supuesta manipulación fraudulenta de los datos del escrutinio provisorio, que dio como ganador al candidato oficialista, Juan Manzur, con un 54% de los votos contra un 40% de Cano.
En la denuncia, que consta de 63 fojas, los opositores reclamaron que las urnas, que actualmente se encuentran en la JEP, sean secuestradas y preservadas, con el argumento de que no tienen certezas de que éstas sean las mismas que se usaron el día de los comicios. "Creemos que en las urnas se esconde el fraude y por eso la JEP se niega a realizar una apertura total para que se cuente voto por voto", señaló Cano.
Como pruebas, el APB presentó dos cajas con documentación testimonial, material fotográfico y videos sobre presuntas irregularidades cometidas durante todo el proceso electoral. Además, aportó escritos previos planteados ante la JEP y en los tribunales penales.
"Con independencia de los datos inexactos en los telegramas y actas, de la nulidad de numerosas mesas, de la necesidad de abrir todas las urnas y de la sanción de algunos de los muchos delitos denunciados, el procedimiento in totum (en su totalidad) es nulo, dado que los graves y reiterados hechos cometidos, han logrado su propósito de alterar el resultado de la elección", se advirtió en un párrafo del escrito.
La demanda recayó en la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. En ese fuero de la justicia local, la mayoría de las denuncias relevantes en contra de intereses del gobierno de José Alperovich suelen tener eco favorable.
Pero si hubiera una sentencia a favor del APB y el Poder Ejecutivo decidiera apelar, la resolución quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia. Tres de los cinco miembros del tribunal fueron designados por Alperovich. Además, el actual presidente es Antonio Gandur, quien, en su carácter de titular de la JEP, rechazó ya la apertura de urnas reclamada por la oposición y denegó un recurso del Partido Obrero, que exigía también la nulidad de los comicios.
En el planteo presentado ayer, el APB hizo reserva del caso federal y adelantó que, en caso de que la justicia provincial rechace la denuncia, llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda del espacio que lidera Cano se suma a un pedido similar del partido Alternativa Popular. "Hay pruebas de que se ejecutó un plan para vulnerar la voluntad de los electores desde las más altas esferas del gobierno", denunciaron las dirigentes Lita Alberstein y Estela Di Cola, firmantes de la denuncia.
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