Después de 16 años, la Argentina salió de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.
Luego de la crisis del 2001 y el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde creó esa norma para sortear la Congreso en medidas económicas urgentes, como la definición de tarifas de servicios públicos, retenciones a exportaciones, definiciones cambiarias o manejo de la deuda externa, facultades que fueron delegadas al Poder Ejecutivo y ahí quedaron.
Néstor y Cristina Kirchner la mantuvieron en sus doce años en el poder por la suma de atribuciones legislativas que ponía en cabeza del Poder Ejecutivo, pese a que ya desde el nombre, ponía en duda que se tratara de una "década ganada".
En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había adelantado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la "Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario". Y a partir de este sábado, en consecuencia, quedan atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya no podrá ejercer.
Sumada a los superpoderes para reasignar partidas, que fueron limitados pero continúan vigentes, en este siglo los presidentes pudieron definir la mayoría de las medidas económicas sin pasar por el Congreso, como fija la Constitución.
"La Emergencia Económica, empieza a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva", había dicho el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Finalmente no formó parte del paquete de leyes de fin de año y este sábado dejó de existir.
Esta ley de "emergencia" -establecida en principio por dos años- delegaba en el Presidente y sus ministros facultades extraordinarias. Entre ellas, la de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.
Además, el Ejecutivo tuvo durante esta década y media la posibilidad de fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos, de establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y de regular los precios de la canasta básica.
Por esa ley, al mismo tiempo, el Congreso había quedado atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa.
"Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca", señalaba la ley de emergencia económica en el artículo 76.
Al fundamentar la decisión de no prorrogar más la emergencia económica, el ministro Aranguren aseguró hace tres meses que si se continuaba en ese régimen no se podrían renegociar los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado por los servicios públicos y las empresas concesionadas.
"Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", aseguró Aranguren entonces.
Esta norma era originalmente "por dos años", pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por un lapso bianual. La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Kirchner.
Cuando se instauró la ley, a principios de 2002, la pobreza había aumentado al 49,7% de la población y la indigencia al 22,7%. El desempleo, según el Indec, había llegado al 40,2%.
Hoy, la pobreza alcanza al 28,6% de la población según el Indec y al 31,4 según el Observatorio de la UCA; la indigencia, al 6,2. Y el desempleo está en el 8,3% de la población
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