"En Salta no son pocos los que aún se preguntan cómo pudo una joven abogada recibida en 2001 y con poca experiencia convertirse en directora titular de la poderosa compañía de Brito. Las conjeturas atribuyen su posición al hecho de que se trata de la hija del presidente de Diputados. Esa Cámara, justamente, acaba de autorizar al Ejecutivo provincial a extender, por otros 10 años, el convenio para que el Banco Macro siga siendo el agente financiero y la caja obligada de la Provincia. El proyecto fue defendido por Manuel Santiago Godoy (foto) cuando se suscitó un debate en torno al quórum de las comisiones. Por obvias razones, el presidente de Diputados debería haberse excusado de intervenir en una cuestión que beneficiará económicamente al grupo que tienen como directora titular de una de las sociedades a su hija."
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). ¿Quién es Pedro Sández? Es un diputado provincial justicialista por el Departamento Anta, importante si se considera que integra las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Obras Públicas, desde 2013.
Sández ha iniciado una cruzada contra 2 empresas vinculadas a Salta Forestal, a la que relaciona con el precandidato a gobernador Alfredo Olmedo. Él ha reclamado que el gobierno provincial asuma el control de 320.000 hectáreas en Anta y anule los contratos con las 2 empresas que manejan las tierras, para lo cual prometió un proyecto de Ley, que el gobernador Juan Manuel Urtubey no se animó aún a asumir como del oficialismo.
Acerca de Salta Forestal, hay que recordar lo que en cierta ocasión escribió el diario K Página/12:
"El diputado Alfredo Olmedo le debe gran parte de la fortuna que hoy gasta en su campaña proselitista para la gobernación de Salta a una escandalosa cesión de tierras con la que lo benefició el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. Son 230 mil hectáreas en el departamento de Anta, en parte desmontadas para sembrar soja, y cedidas con el beneficio de no tener que pagar impuesto alguno hasta 2021. La concesión de Salta Forestal, una empresa con mayoría del Estado provincial cuya licitación se sospecha fue digitada por Romero, incluía varios compromisos para el desarrollo del área que no fueron cumplidos por la empresa, que ya lleva diez años explotando tierras fiscales. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo local registraron múltiples irregularidades con residentes que fueron expulsados de esas tierras, a lo que se suma la detección por parte de la AFIP de trabajadores en “condiciones infrahumanas” en campos del diputado en La Rioja. Olmedo se desligó de las acusaciones y aseguró que el emprendimiento de su familia “es modelo en el mundo”."
En tanto, Sández es acusado por sus rivales políticos de ser un peresonaje inescrupuloso que intenta lucrar con juicios sucesorios, apelando a una figura jurídica llamada "usucapión", que consiste en adquirir el dominio de un inmueble acreditando una posesión pública, pacífica y continua de por lo menos 20 años.
Pero para ello se necesita la complicidad de un magistrado, y ahí aparece la creación e integración del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González. El juzgado está a cargo de la jueza Patricia Inés Rahmer. Alrededor del 60% de las causas que se tramitan en el Juzgado corresponden a casos de violencia familiar. Pero en el 40% restante hay controversias.
En ese contexto aparece el llamado "lote fiscal 65" y un escándalo por las 4.939 hectáreas que pretende prescribir Natalia Godoy, como apoderada de un tal Héctor Ramón Saravia.
Godoy es la hija del presidente de Diputados, Manuel Santiago Godoy, e integra el directorio de la empresa agropecuaria que preside Jorge Brito, titular del Banco Macro, y que cuenta con más de 67.000 hectáreas y 54.000 cabezas de ganado entre sus bienes y activos.
El diario El Tribuno, de la ciudad de Salta y vinculado a la familia Romero, dio cuenta de un detalle importante: "En Salta no son pocos los que aún se preguntan cómo pudo una joven abogada recibida en 2001 y con poca experiencia convertirse en directora titular de la poderosa compañía de Brito. Las conjeturas atribuyen su posición al hecho de que se trata de la hija del presidente de Diputados. Esa Cámara, justamente, acaba de autorizar al Ejecutivo provincial a extender, por otros 10 años, el convenio para que el Banco Macro siga siendo el agente financiero y la caja obligada de la Provincia. El proyecto fue defendido por Manuel Santiago Godoy cuando se suscitó un debate en torno al quórum de las comisiones. Por obvias razones, el presidente de Diputados debería haberse excusado de intervenir en una cuestión que beneficiará económicamente al grupo que tienen como directora titular de una de las sociedades a su hija."
Volviendo a Sández, El Tribuno denuncia: "El diputado de Anta no parece estar sólo en la industria de los juicios posesorios, ni ésta se limita a los inmuebles fiscales. En el intento de apoderarse de tierras ajenas también son visibles las huellas de su par Manuel Santiago Godoy. La industria de los juicios posesorios tiene en Anta, al igual que en Orán, Rivadavia, San Martín y otros departamentos, complicidades en el Gobierno y la Justicia. Los funcionarios, legisladores, intendentes y allegados al poder implicados en las apropiaciones de tierras públicas y de particulares acostumbran a invocar influencias sobre jueces para hacer firmar a familias campesinas engañosos y extorsivos acuerdos en los que ceden sus derechos posesorios. En Rivadavia, esto hizo el intendente Leopoldo Cuenca para adueñarse de decenas de miles de hectáreas."
Una tranquera, un candado y alambradas que convirtieron al lote fiscal 65 en tierra usurpada, no fueron suficientes para que la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Desarrollo Económico, la cartera de Ambiente y el Ministerio Público se ocuparan de una denuncia que recibieron en julio de 2011.
Entonces, campesinos de Talavera advertían que, tras el escándalo de Tolloche, laderos del presidente de Diputados, Manuel Santiago Godoy, el titular del Bloque Justicialista de esa Cámara, Pedro Sández, y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, habían ocupado el lote fiscal 65 con el propósito de apoderarse, a futuro, de esas 2.000 hectáreas del dominio público de los salteños.
Hoy, pasados tres años, El Tribuno confirmó que aquellos y otros ocupantes sindicados como "meros testaferros" del poder político iniciaron juicios apropiatorios, ante permeables juzgados, para adueñarse de miles de hectáreas, tanto públicas como privadas, en la tercera sección de Anta.
El "Tollochegate"
Por el impacto que tuvieron en la opinión pública distintos episodios de corrupción política expuestos en informes periodísticos de este diario, en mayo de 2011 el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que revocar las adjudicaciones de varios lotes fiscales de Tolloche en el sur de Anta.
Allí, con actas fraguadas y otras maniobras ilícitas, ocho fracciones de 500 hectáreas, destinadas a pequeños productores en el marco de un programa de regularización dominial, terminaron en manos de presuntos testaferros de Godoy, Sández y García.
Por el decreto 2476/11, que anuló las adjudicaciones luego de que se hicieran públicas las reventas ilegales de esas parcelas, campesinos de Tolloche continuaron en posesión de los puestos que ocupan desde hace largo tiempo en esa zona de Anta.
Los ocho falsos colonos -entre ellos Luis Alberto Díaz, cuñado de Godoy- fueron procesados a fines de 2013 por el juez Pablo Arancibia.
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