El acampe que mantienen desde hace ya más de cuatro meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio los representantes de comunidades aborígenes en reclamo de derechos y territorios sumó un nuevo capítulo. Después de un intento de desalojo a cargo de la Policía Federal, los manifestantes se reunieron ayer con autoridades del Gobierno nacional, pero, tras no llegar a un acuerdo, decidieron continuar con la protesta.
El encuentro se realizó ayer por la tarde, luego de que durante la madrugada más de cien policías en 15 carros de asalto rodearan una de las plazoletas ubicadas en Avenida de Mayo y 9 de Julio y les exigieran a los demandantes que levantaran la carpa que instalaron en febrero. Los delegados de los cuatro pueblos aborígenes (Qom, Pilagá, Wichi y Nivaclé, nucleados en la organización Qopiwini), que representan a más de 27 comunidades, la mayoría de Formosa, se juntaron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Fresneda, a quien le comentaron sus demandas (entre otras, ser recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y requerir agua, salud, educación y el cumplimiento de los derechos indígenas y territoriales) y le advirtieron sobre los continuos casos de represión que vienen sufriendo.
Además, exigen el cumplimiento de la Ley 26.160 que declara la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria, y dispone la realización del relevamiento de todos los territorios tradicionales que ocupan las comunidades indígenas.
Este no es el único antecedente con respecto a una larga protesta encabezada en el ámbito porteño. En 2011, otro acampe en el mismo lugar que duró cinco meses tuvo un abrupto final a partir del desalojo forzado por parte de la Gendarmería, aunque también participaron militantes de La Cámpora.
LA RAZON
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