El primer día del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó con novedades en materia impositiva que van a contramano de la tarea que viene desarrollando el Banco Central, en especial su vicepresidente Lucas Llach, para promover la inclusión financiera y la bancarización. Luego de quince años de su aplicación, este enero se terminó la devolución del 5% de IVA a las compras con tarjeta de débito.
Aunque en el Gobierno aseguran que la medida tenía un elevado costo fiscal y no cumplía su propósito de desalentar el uso de efectivo, era el único incentivo fiscal para la apertura de una caja de ahorro gratuita, promovida en 2016 por el Banco Central para reducir la cantidad de dinero circulante en efectivo y las compras en negro.
Tres lunes atrás, el mismo Banco Central recordaba en twitter este beneficio para promover la bancarización.
Por el contrario, en el Gobierno resaltaron el estímulo para los jubilados y pensionados con la mínima y beneficiarios de la asignación por embarazo y la AUH del 15% de reintegro del IVA para compras con débito con un tope de $300 y que seguirá vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, el resultado de esta medida es cuestionado por el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, por su escaso éxito.
Si bien en la Ley de Presupuesto de 2017 elaborada por el ex ministro Alfonso Prat Gay figuraba esta devolución con un costo para el Tesoro de $7.500 millones. Bajo la gestión de Dujovne esta devolución no se prorrogó y con esto el Gobierno apunta a ahorrarse un 2,8% del déficit fiscal presupuestado.
El nuevo ministro que tendrá a cargo la reforma tributaria que deberá consensuar con el Poder Legislativo, ya dio su primer paso con una suba de impuestos no aprobada por el Congreso. Y no fue la única modificación, con un aumento del precio de los vehículos muy por debajo de la inflación –hasta los $380.000-, la base imponible para el cobro del impuesto interno a los vehículos creció un 8,5%.
El mismo presidente Macri había asegurado que la reforma tributaria iba a ir en el sentido contrario: una baja del IVA, de las cargas laborales y de otros impuestos distorsivos.
"En primer lugar el fin de reintegro es aumentar la presión tributaria y va a en contra de lo que hay que hacer. Pero la realidad es que era de solo 1000 pesos y no era tan progresivo porque solo ayudaba a los que estaban bancarizados. Los más vulnerables no acceden al sistema bancario. Si querés ser progresivo, bajá el IVA para todos, no solo para un grupo", dijo a LPO el consultor Ramiro Castiñeira de la consultora Econométrica.
El tope había sido fijado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Por ser originariamente una medida transitoria, había sido prorrogada todos los años y el tope nunca se actualizó.
De esta manera, todo el esfuerzo por la bancarización recaerá sobre el Banco Central que apunta en 2017 a fortalecer los medios de pago alternativos a las tarjetas bancarias. El freno a la ley de Tarjetas de Crédito y Débito que bajaba las comisiones tampoco ayuda a combatir el comercio en negro. El impuesto al cheque también le pone el viento en contra a Sturzenegger.
"Si se hizo para anunciar una baja general del IVA, bienvenida sea. Si no, va en contra. Hay que sacar los impuestos distorsivos como son las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos y la gente sola se va a bancarizar porque le conviene. Estos son impuestos distorsivos y por eso la gente busca eludirlos. Argentina no necesita inventar nada. Basta que ver lo que funcionó en otros países y dejar que el sector privado se ocupe de generar ingresos y no ande perdiendo tiempo buscando la forma de preservarlos de impuestos distorsivos", agregó Castiñeira.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero, Vicente Lourenzo, aseguró a LPO que "En términos generales, toda medida que desincentiva el consumo, nos preocupa. También nos preocupa que, cuando se creó esta esta medida, estaba destinada a la promover el comercio en blanco y esto va en sentido contrario. Encima después de un año de caída de las ventas, no ayuda".
"El que estaba en relación de dependencia y el jubilado que estaba acostumbrado a pagar con débito, veía todos los meses que el uso de la tarjeta le generaba mes a mes un reintegro de 300 o 500 pesos. Ahora pierde el incentivo y puede decidir postergar compras o no hacerlas. Y esto está exactamente al revés de lo que debe hacerse, que es incentivar el consumo, que es la rueda que mueve la economía", agregó Lourenzo.
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