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6 de julio de 2017

En medio del caos, aprobaron la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

LPOSe sumó a la ley Odebrecht. La pidió el massismo y la avaló Cambiemos, donde muchos no están de acuerdo.




En los últimos minutos de la sesión, por pedido del Frente Renovador y aval de Cambiemos, la Cámara de Diputados aprobó la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y elevó a cuatro años la pena mínima por corrupción.

Fue una propuesta de Graciela Camaño para incorporar a la ley de responsabilidad penal empresaria, que la oposición corrigió en muchos artículos e impidió sostener el 37, que le permitía al procurador del Tesoro concentrar información sobre el caso Odebrecht.
Curiosamente, tras el último cuarto intermedio, Emilio Monzó avaló incorporar dos artículos a la ley, pese a que minutos antes la oposición se lo había impedido cuando quiso sumar una propuesta de la socialista Alicia Ciciliani que permitía al procurador del Tesoro entrevistar a los ejecutivos brasileños, monitoreado por el Congreso.

Sólo el kirchnerismo interpretó igual del reglamento cuando llegó la propuesta de Camaño, anticipada por Nicolás Massot, jefe del bloque PRO y luego leídos por la massista Mónica Litza, para sorpresa de una buena parte del recinto. 

Tampoco los K se esforzaron por evitar esa votación, golpeados por el pedido de detención de Julio De Vido. Héctor Recalde, jefe del FpV-PJ, anticipó que aprobaba elevar la pena pero no la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. "Es claramente inconstitucional", explicó con calma.
Su posición coincide con muchos penalistas, que consideran imposible igualar delitos contra la vida a los de corrupción, entre los que están la violación de los deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o prevaricato.
También sería la misma de muchos diputados radicales, que se fueron del recinto sin entender la sorpresa final.
El kirchnerismo sí votó elevar a cuatro años el mínimo de la pena para los delitos de corrupción, que será de cuatro años y por lo tanto no sería excarcelable.
Claro que será necesario que el Senado convierta en ley la responsabilidad penal empresaria, con estos agregados impensados.
Por lo pronto, en la Casa Rosada hablaban esta noche de apropiarse del rédito político de los artículos impuestos por Camaño, tras la imposibilidad de imponer la ley de responsabilidad empresarial como imaginaban. No querían regalarle escenario a Massa. Y sí polarizar con el kirchnerismo.

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