El presidente Michel Temer y los ministros más próximos, estuvieron reunidos durante este domingo para encontrar “una salida honrosa” a la nueva crisis que vive Brasil: la de la “carne débil”. Como en otros casos, también hay una corrupción de base que afecta a Brasilia. Pero esta vez, se suma algo peor: la distribución en los mercados, doméstico y de exportación, de carnes en mal estado; aves con salmonella y embutidos que contenían cartón molido para dar volumen. En la cumbre gubernamental que se hizo en el residencia del jefe de Estado se discutía emitir un comunicado para los países consumidores, que están alarmados. Quienes reaccionaron de inmediato son EE.UU., la Unión Europea y China.
Piden urgente información sobre el alcance del esquema de sobornos puesto al desnudo, pero que tiene como elemento central a alimentos de consumo humano. El drama es que quienes incurrieron en estos delitos, que afectan la salud, fueron nada menos que los dos grandes conglomerados frigoríficos del país: son JBS y BRF. Estas empresas son multinacionales que tienen plantas en Argentina, Inglaterra, países de Medio Oriente y Australia. Son las segundas grandes exportadoras mundiales detrás de Estados Unidos. Y absorben el 7,5% del mercado global de carne vacuna.
¿Qué es lo que produjo semejante disturbio de consecuencias incalculables? Fue una operación de la Policía Federal que se realizó el viernes último. La orden a lanzarse a las investigación de este caso la dio el juez de Curitiba Marcos Josegrei da Silva, aliado y amigo del célebre comandante del Lava Jato, Sergio Moro. Josegrei fue preciso al instruir las fuerzas policiales, que realizaron más de 300 operativos en todo el país. Reveló, en su escrito, que “pinchaduras telefónicas” revelaron que altos ejecutivos de BRF --dueña de numerosas marcas en nuestro país— tenían acceso directo a los sistemas de emisión de certificados del ministerio de Agricultura que determinan la calidad de los productos. Y para abundar en informaciones sobre “actitudes permisivas” de parte de las autoridades sanitarias, el juez subrayó que el gerente de Relaciones Institucionales de BRF, Roney Nogueira dos Santos “influenció la elección y substitución (cuando necesarias) de fiscales (sanitarios) para las unidades de la empresa que podrían, eventualmente, ser prohibidas”. A cambio de eso “el ejecutivo entrega dinero a los funcionarios, remunera directamente a los fiscales y regala productos de la empresa”.
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Más fuerte es el siguiente párrafo, donde afirma que esa empresa “se dispone a auxiliar en el financiamiento de las campañas políticas”. A pesar de semejante denuncia, el secretario de Defensa Agropecuaria de Brasil, Luiz Eduardo Rangel, sostuvo que “no hay riesgo sanitario” en el país. Este domingo, el presidente brasileño recibió, también, a miembros del agrobusiness, entre ellos directivos de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes.
