El decreto de expropiación establece que la expropiación sólo afectaría a la española Repsol. Furiosa con el Grupo Petersen, Cristina los habría excluido para no pagarles. De Vido ya emprendió duro contra ellos y podrían licuarlos para dejarlos sin nada.
El decreto de expropiación de YPF que dispuso Cristina Kirchner sólo afectó a la española Repsol y no le restó acciones al Grupo Peterson, de Enrique y Sebastián Eskenazi, arriados a la compañía en 2008 mediante un acuerdo que les permitía pagar su parte con utilidades.
Cristina le adjudica gran parte de la responsabilidad por la falta de inversiones pero prefirió no quitarles las acciones, lo que debería haber acompañado de una indemnización. Por el contrario, prefirió que continúen en YPF, pero su continuidad no será nada facil.
Así lo hicieron saber Julio De Vido y Roberto Baratta a poco de anunciarse la nacionalización, cuando asistieron a la compañía y se despacharon en críticas contra los Eskenazi. El principal rumor que hay en el mercado es que el Gobierno buscaría licuar su poder para dejarlos sin nada. "La situación entre Cristina y el Grupo Petersen está más tensa que nunca", aclaran.
El texto que Cristina Kirchner envió al Senado que el paquete accionario que quedará afectado por la expropiación estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima”. Por estás horas, los Ezkenazi estarían reunidos definiendo los pasos a seguir.
En un acto en la Casa Rosada transmitido por cadena nacional, la Presidenta responsabilizó a Repsol por la caída de la producción de hidrocarburos registrada en los últimos años, al argumentar la decisión oficial de expropiar las acciones de la empresa de origen ibérico, que controla YPF desde 1999.
Hasta el momento, Repsol cuenta con el 57,43 por ciento de las acciones "Clase D" de YPF -vendidas originalmente al sector privado-, mientras que el 25,46% permanecerá en manos del Grupo Petersen, conducido por la familia argentina Eskenazi, y el resto de los papeles continuará flotando en bolsa. Con esto, el Gobierno esquiva un conflicto con Estados Unidos, los accionistas minoritarios, y, principalmente, el grupo Eskenazi. VIA LAPOLITICAONLINE
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