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La Nación consultó a expertos tributarios que aseguraron que la maniobra jugó al límite de la legalidad y que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido.
"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos.
"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos.
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