Tras semanas de inteligencia y tareas de seguimiento, la división de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal dirigida por el comisario Walter Bernal detuvo el martes por la tarde en dos galerías del Once a catorce extranjeros de origen peruano y paraguayo y allanó más de 20 locales para incautar un botín de más de cien teléfonos presuntamente robados, la mayoría smartphones de alta gama. La causa hoy está en manos de Ariel Lijo, en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. También, se encontraron equipos para desbloquear los teléfonos y limpiarlos informáticamente antes de su venta al público. Este operativo implica una realidad agridulce: celular que se roba, casi siempre vuelve.
Vuelve más de una vez, por otra parte: un aparato puede entrar y salir varias veces del mercado negro, ser robado, comprado, robado otra vez y revendido, de acuerdo a fuentes policiales. El año pasado, más de 70 mil posibles teléfonos del mercado negro fueron activados cada mes con líneas legales según datos de CATEMA, la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina que nuclea a las grandes empresas del rubro como Personal y Movistar: casi 900 mil durante 2014 en todo el país, la mayoría con líneas prepagas. Y los celulares robados están en una lista negra amplia y detallada. "Bandas negativas" es el término que las empresas de telefonía usan para las planillas que registran los IMEI -el número de serie electrónico de 15 dígitos- de los teléfonos denunciados como hurtados o perdidos.
Fuentes de peso en la industria relatan que cada compañía tiene la suya y que en teoría las grandes empresas deberían compartirlas entre ellas. A simple vista parecen un elemento clave; podrían ser un mapa elementar para cruzar información y combatir el tráfico de teléfonos. Pero las empresas no tienen ninguna regla en contra de darle nuevas líneas a aparatos dudosos. Y las listas, por otra parte, no son tan fácilmente accesibles. Por ejemplo, la división de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal solo puede ver las bandas negativas bajo estricta orden judicial, y en el marco de una causa, una entrega de información que en la práctica suele demorarse y que causa una frustración que fue plasmada en un enérgico informe interno de la PFA. Hoy, un nuevo grupo de fiscales organizados pone a las bandas negativas en la mira.
Cristina Caamaño, a cargo de la Dirección de Gestión Operativa de Casos, encabezó la primera reunión de una nueva comisión con fiscales de todo el país como los federales Jorge Di Lello en Comodoro Py y Sebastián Basso en Morón. Fue conformada tras una resolución de la procuradora Alejandra Gils Carbó; el plan es investigar con más fuerza el mercado negro y controlar el robo de aparatos, junto a otras irregularidades que tienen a los teléfonos celulares como epicentro, como la clonación de códigos IMEI y los compradores masivos de líneas, conocidos como "bolseros":"Stiuso tenía más de 200 líneas a su nombre. Hay tipos que tienen más de mil. Eso se tiene que controlar. Las empresas como responsables deberían empezar a cambiar", asevera un funcionario judicial entendido en el tema.
La comisión ya cuenta con un informe de la Dirección de Análisis Criminal. Reunirse con las cúpulas de las empresas de telefonía es un próximo paso. Por lo pronto, la Cámara de Agentes está dispuesta a dialogar. El tema les resulta cada vez más preocupante, más allá de los robos: voces en CATEMA afirman que los robos a mano armada de agencias de celulares se mantienen en un nivel alto y que conseguir una compañía aseguradora que respalde al negocio se vuelve cada vez más difícil.
El operativo del martes último en Once es un ejemplo de tantos que se repitieron en los últimos meses. El mercado negro de teléfonos tiene un perfil claro. El mes pasado, Infobae detalló un esquema que la PFA investigó durante meses, con varios allanamientos y detenciones:intermediarios peruanos y colombianos se encargaban de comprar celulares arrebatados por motochorros para luego revenderlos en locales en galerías del Centro, Once y Liniers.Así, un iPhone último modelo podía costar la suma irrisoria de cuatro mil pesos. Un joven peruano fue detenido con más de 40 teléfonos en su mochila. En el proceso, los celulares son limpiados tanto de su bloqueo para ser reactivados como de su IMEI. Así, un IMEI no válido -una virtual cédula falsa que es detectable a simple vista- es implantado en el aparato mediante un software de fácil uso. Los 70 mil aparatos dudosos habilitados por mes obedecen a esta regla.
Esto, de cara a las listas negras, plantea una paradoja: las bandas negativas solo registran los códigos legales al ser denunciados. Pero los aparatos dudosos vuelven al circuito con una nueva línea. Una voz de peso en el negocio de la telefonía móvil afirma: "No hay una reglamentación que lo impida. Sí, se estima que los aparatos son robados, el IMEI es sospechoso, pero hay un vacío legal al respecto. Las empresas grandes manifestaron un interés en frenar esto, pero no hubo pasos concretos hasta ahora, ni de las compañías como de los entes reguladores. Debería haber, por ejemplo, una lista blanca de IMEIs válidos, en vez de una lista negra de IMEIs denunciados".
VIA INFOBAE
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