El cobro de entre 10 y 15 por ciento para conseguir las autorizaciones se había convertido en una práctica habitual abalada por el Ministerio de Economía. Los involucrados.
Una fuerte denuncia le pega de lleno a La Cámpora. La organización ultra K fue acusada de cobrar “peajes” de entre 10 y 15 por ciento a empresarios. Cómo: facilitándoles el trámite de la “Declaración Jurada Anticipada de Importación”, un régimen creado por Guillermo Moreno cuando se desempeñaba en el cargo de secretario de Comercio.
Así lo informó el portal La Política Online. Ya en retirada, la agrupación K generalizó la trampa, informó. A los grandes empresarios les cobraban un 10 por ciento, mientras que a las Pymes que necesitaban autorizaciones para montos chicos, de algunos miles de dólares mensuales, le cobraban un 15.
Todo estaba aceptado por el Ministerio de Economía luego de la primera vuelta electoral. Necesitados de productos y frente a la futura devaluación, a los empresarios le cerraba el pago del 10 o 15 por ciento extra y, por ende, aceptaban el mecanismo ilegal.
La operatoria estaba a cargo de la secretaria de la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español, integrante de la mesa chica del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y dependiente del secretario de Comercio, Augusto Costa.
En el ministerio que conducía Kicillof argumentaban que ellos habían dispuesto un sistema online sin contacto con los importadores para terminar con las discrecionalidades de la época de Guillermo Moreno. Sin embargo, los empresarios consultados afirman que aquellos que accedían a pagar coimas podían sortear la barrera digital y eran recibidos.
Los empresarios que sufrieron en carne propia el sistema sostienen que las maniobras provenían de la Subecretaría de Comercio Exterior que hasta el 9 de diciembre condujo Español, una economista que respondía a Kicillof y Augusto Costa. En el kirchnerismo niegan que la funcionaria estuviera al tanto de este esquema.
Una fuente al tanto de estas prácticas reveló a LPO que Español había montado un círculo de funcionarios afines que sostenían su gestión y estaba integrado por Matías Ginsberg, Andrés Tavosnanska y Matías Alfie, asistidos por las tres “secretarias” de Español, de nombres Georgina, Tamara y Paula.
Las fuentes explicaron que debajo de esta línea de funcionarios, cada vez que había una dificultad para destrabar un envío, aparecían “gestores” que ofrecían la solución al problema cambio del porcentaje citado. Lo curioso es que la propuesta solía ser efectiva. Es decir, tenían el poder de destrabar las autorizaciones.
En la época de Moreno, a quien los empresarios le reconocen que jamás les hizo una propuesta de este tipo, había sin embargo un peaje a pagar. Cada tanto se les pedía que aportaran entre el 7 y 8 por ciento del envío para “los muchachos” de UPCN, el gremio de estatales que llevan adelante las distintas estructuras de Comercio.
La sospecha de los empresarios es que las autoridades máximas no podían no estar al tanto de lo que ocurría porque en el último año el sistema se había degenerado y abarcaba prácticamente todos los sectores, era estructural.
Tanto era el desbande que las empresas multinacionales a las que se les hacía cada vez más complicado esconder esos pagos extras, empezaron a recurrir a los tribunales para conseguir amparos para destrabar la mercadería.
Pero como la Argentina es una tierra de inagotables oportunidades, salieron de una red para caer en otra: En algunos de los juzgados competentes, en lo que tenía injerencia la AFIP, se les pedía un diez por ciento de retorno para abrir el expediente y sacar el amparo. Con un agravante: Cuando en la Secretaría de Comercio a cargo de Español recibían la orden judicial, esa empresa pasaba a ser mala palabra y ya no le autorizaban ninguna importación.
Furiosos, varios de esos empresarios analizan ahora demandar a los funcionarios implicados y pedir a la Justicia que investigue el patrimonio de algunos responsables de la Subsecretaría de Comercio Exterior durante la gestión de Español.
VIA NEXOFIN
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