Liquidación
El mismo concepto de pago se efectuó para otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ley del empleo público señala que no se permite juntar licencias por más de dos años, pero los funcionarios de alto rango si pueden.
El ex canciller Héctor Timerman cobró $ 575.000 al finalizar sus funciones por vacaciones acumuladas en los últimos seis años. Si bien la ley del empleo público señala que no se permite juntar licencias por más de dos años, los funcionarios de alto rango si pueden, con el argumento de que esos cargos muchas veces impiden tomarse licencia por obligaciones profesionales.
El mismo concepto de pago se efectuó para otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La aprobación estuvo autorizada por la ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Paula Ferraris, que también permitió la liquidación de sus propias vacaciones, acumuladas por cuatro años. En este caso fue por $ 484.000.
También cobraron Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Cancillería y Juan Landaburu, ex subsecretario de Culto. Las liquidaciones fueron de $ 459.000 y $ 362.000, respectivamente, por licencias acumuladas desde 2011.
El mismo concepto de pago se efectuó para otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La aprobación estuvo autorizada por la ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, Paula Ferraris, que también permitió la liquidación de sus propias vacaciones, acumuladas por cuatro años. En este caso fue por $ 484.000.
También cobraron Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Cancillería y Juan Landaburu, ex subsecretario de Culto. Las liquidaciones fueron de $ 459.000 y $ 362.000, respectivamente, por licencias acumuladas desde 2011.
La ley del empleo público señala que no se pueden acumular licencias por más de dos años, pero Timerman se vio beneficiado porque en el caso del jefe de Gabinete, el secretario General de la Presidencia, ministros, secretarios y subsecretarios, las vacaciones pueden acumularse hasta por un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas cuando se oficializa el cese de funciones.
"La situación de estos pagos fue completamente legal. No se consultó con las nuevas autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la administración anterior. Cuando un funcionario termina con sus actividades se pide la liquidación de las vacaciones que no se hayan tomado y se les paga. En este caso se hizo antes de que cambie el gobierno para poder liquidar los aguinaldos luego", explicó Ferraris.
"La situación de estos pagos fue completamente legal. No se consultó con las nuevas autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la administración anterior. Cuando un funcionario termina con sus actividades se pide la liquidación de las vacaciones que no se hayan tomado y se les paga. En este caso se hizo antes de que cambie el gobierno para poder liquidar los aguinaldos luego", explicó Ferraris.
via CLARIN
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