La escena se repite en cada recambio de autoridades: representantes del presidente del Senado, los bloques y el gremio definen cuántos empleados nombrar.
La idea es hacer un racconto de las vacantes por jubilación para cubrirlas con empleados de legisladores que cumplen mandato, quienes tienen dos caminos para entrar en las negociaciones: presionar con su partido político o con los gremios.
Pero hace muchos años que ese convite se convirtió en un agujero negro para el Senado, por una sencilla razón: casi nadie quiere retirarse, porque la jubilación es el 50% de los sueldos y todos prefieren seguir yendo un rato.
El gremio más fuerte es la Asociación de Personal Legislativo (APL), liderada por Norberto Di Próspero, un radical que supo hacerse fuerte en el Congreso a fuerza de nombramientos y afiliaciones. Eclipsa a UPCN y ATE, los más fuertes en todos los ministerios.
APL esperó a Boudou con asambleas en todos los rincones, que sus laderos atribuían a Miguel Pichetto, el jefe del bloque peronista, con quien nunca tuvo una buena relación.
Los sindicatos prontos supieron que tendrían cuatro años soñados: el ex vice aceptó nombramientos a mansalva y los llevó de 3700 a 5700 empleados, más que en diputados.
Difícil de explicar si se tiene en cuenta que hay 257 bancas en la Cámara baja y 72 en la alta. La excusa que siempre dieron los gremios es la tecnificación, pero no hay tantos elementos que la avalen.
Lo único nuevo en la gestión Boudou fue Senado TV, transmitido en pésima calidad por la página web. La emisión de las sesiones se caía con frecuencia.
Ser empleado de planta transitoria se convirtió en un trámite sencillo: bastaba con tocarle la puerta a APL y esperar el turno, que tarde o temprano llegaba.
El descalabro
Fue tanto el descalabro, que los senadores se asombraban al cruzarse en los pasillos con sus ex subordinados, quienes recaían en los más variados puntos del organigrama.
Un área receptiva es la biblioteca del Congreso, con cuatro edificios y controlada por una bicameral, que en los últimos 6 años presidió la santafesina Roxana Latorre.
Tal vez golpeado por las denuncias judiciales, que le impidieron un paso tranquilo por el Senado (su primera conferencia de prensa fue para desligarse de la ex Ciccone), Boudou no le puso límites a su generosidad y hasta creó estructuras para contener a ex senadores, como el área de Derechos Humanos, a cargo de la chaqueña Elena Corregido.
En la última tanda de nombramientos Boudou y Di Próspero no tuvieron límites y sumaron más de 2000, sólo una minoría por pedido de los jefes de bloques.
Fue por eso que ninguna bancada se opuso a viva voz cuando ayer a que Michetti los echara de un plumazo.
No es la misma situación en Diputados, donde Emilio Monzó debió echarse atrás cuando quiso echar a 1500 empleados de planta transitoria. La mayoría habían sido pedidos por los jefes de bloque y APL estaba más interesada en proteger las recategorizaciones, otro clásico de los cambios de mando.
Di Próspero reiteró hoy que peleará hasta las últimas consecuencias por los despidos del Senado, pero hasta en su entorno tienen claro que se le fue la mano.
Se lo hicieron saber algunos directores que llamó para exigirles sumarse a su lucha. “Hay muchos empleados que no sé quienes son”, se excusaron.
Di Próspero sí consiguió que en los despachos corrieran a los emisarios de Michetti que se animaron a tocar la puerta para pasar lista. La resistencia la obligó a contratar una auditoría de la Universidad de Buenos Aires.
La idea de apelar a una universidad pública fue de su secretario administrativo, Helio Rebot, a cargo de las negociaciones con los gremios.
Rebot viene de varios mandatos en la legislatura porteña, donde cuando asumió Macri había más de 6000 empleados y ese número ahora se redujo enormemente. Michetti va en ese camino.
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