La estación de trenes de Retiro recibió esta semana los durmientes de hormigón armado necesarios para renovar las vías en el ingreso de formaciones a esa terminal de la línea Mitre.
Los trabajos a realizar incluyen la renovación de todas las vías toda vez que tanto las vías del servicio local como las de larga distancia pasarán a contar con vía en placa. Además se incluye el mejoramiento de la vía al puerto (de donde partirán provisoriamente los servicios de larga distancia) el reemplazo del tercer riel de acero por otro de aluminio, la electrificación de las vías 7 y 8 de la terminal y obras de señalamiento.
Para renovar la infraestructura del ingreso de los trenes a Retiro, se utilizarán 8.500 durmientes de hormigón armado de fabricación nacional, que reemplazarán a los viejos de madera que se instalaron hace más de 100 años.
Estos se suman a las 1.000 toneladas de rieles ya acopiados en el obrador y a 31.000 toneladas de piedra balasto, que completan los insumos para renovar la infraestructura de vías.
La primera tarea que se está realizando en la obra es el retiro de las vías existentes. Se llevan levantados 2.600 metros, de un total de 15.000, y se quitaron 10 paragolpes, que también eran los originales, instalados a principios del siglo XX.
"Esta obra inédita, postergada por décadas, cambiará definitivamente la forma de viajar en el tren Mitre, aumentando la cantidad de servicios diarios", señaló Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.
La obre contempla una inversión de 3.700 millones de pesos y beneficiará a 250.000 pasajeros de la línea.
Los durmientes son bloques donde se apoyan los rieles metálicos. Pueden ser de madera u hormigón (estos últimos son más resistentes) y sirven para mantener los rieles unidos a una distancia fija, determinada por el tipo de trocha (angosta, media o métrica). Durmientes, rieles y piedra balasto son los tres elementos que conforman la vía.
En su totalidad, la zona de ingreso de trenes a Retiro es un área de 85.000 metros cuadrados con unos 8 kilómetros de vías. Además, se renovarán 15 kilómetros de cableado subterráneo, por donde se transmite la electricidad, 8 paragolpes en el tope de los andenes y se instalará señalamiento de última generación, que permite que el tren pueda avanzar, maniobrar y detenerse. También se incorporará el moderno sistema de frenado automático de trenes, para mejorar la seguridad y eliminar así el riesgo de colisión provocado por el error humano.
LPOBaradel confirmó que aceptaron el aumento del 27,4%. Reclamn que les devuelvan los descuentos por el paro.
Aglaplata
El titular de Suteba, Roberto Baradel, confirmó que el Frente de Unidad Docente aceptó la propuesta de aumento salarial del gobierno de María Eugenia Vidal y, de esa forma, se cierra un conflicto de casi cinco meses y 17 medidas de fuerza.
María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa en el anexo del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, donde informó que el acuerdo alcanzado contempla un aumento del 21,5 por ciento anual, más un 2,5 por ciento relacionado con el 2016 y una suma extraordinaria de 1.600 pesos por año. De esta manera, un docente que cobra 9.800 pesos pasará a percibir 12.151, en tanto el salario promedio pasará de 19.200 a 23.322 pesos.
Aunque en el Ejecutivo provincial hablan de una cifra menor, el gremialista insistió en que la propuesta implica un aumento de "un 24 por ciento de salario consolidado, y un 27,4 por ciento de aumento salarial para este año" por la incorporación de sumas fijas.
"Hay acuerdo, acabamos de votar", confirmó Baradel pasadas las 13 de este martes en declaraciones televisivas, aunque afirmó: "Vamos a seguir discutiendo para que convoquen a la paritaria nacional".
Además, el titular del sindicato mayoritario dijo que seguirán reclamando para que les devuelvan los descuentos que les hicieron por los días de paro. "En términos globales, nosotros sabemos que falta la paritaria nacional. En términos de número global, no estoy conforme, pero sé que falta la paritaria nacional que podría haber ayudado y mucho", dijo en TN el dirigente de Suteba.
Para Baradel "lo que queda claro es que había plata para mejorar la propuesta y que se llevó adelante un conflicto en la provincia de Buenos Aires que se podría haber evitado si el gobierno hubiera tenido la predisposición de avanzar en una negociación".
Por su parte, el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, había dicho en declaraciones a radio Mitre que la aceptación de la oferta fue resuelta al cabo de asambleas de afiliados a Udocba que "terminaron ayer por la tarde" y se lamentó de que hayan pasado 150 días con un clima de conflicto para alcanzar un acuerdo.
En sintonía con Baradel, Díaz sostuvo que "hay bronca" en los gremios docentes dado que consideran que el gobierno bonaerense debió hacer una oferta razonable hace meses y lo culpó de crear un clima de conflicto.
En el encuentro paritario que se llevó a cabo el miércoles pasado en La Plata, los representantes gubernamentales formularon una propuesta de aumento de 21,5 por ciento a ajustarse con una cláusula gatillo, más un bono de 1.600 pesos por cada cargo, en 2017. Además, ofrecieron una compensación del 2,5 por ciento correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, que representan entre $2500 y $4500, según los cargos.
Si bien ello hace un total de 24 por ciento, los gremios entendieron que la mejora representa un aumento del 27,5 por ciento del salario promedio de los docentes, según surge de sumar el 24% de salario consolidado de 2017 y 3,4% por la incorporación de dos sumas fijas: la suma que dieron a cuenta de futuros aumentos, que no será descontada, y el importe que recibirán por material didáctico.
En cuanto a los días de clase perdidos por los paros durante la larga negociación, la gobernadora insistió en que "se van a recuperar" las jornadas perdidas.
El tema Ganancias fue uno de los grandes conflictos que debió afrontar la Administración Macri en su primer año de gobierno. Por un lado tenía la presión sindical para modificar el tributo. Y por otro lado estaba la oposición en el Congreso de la Nación que presionaba con una ley contraria a los intereses de Cambiemos. El momento de mayor tensión ocurrió en diciembre de 2016, cuando el Frente Renovador y el Frente para la Victoria lograron imponer un proyecto propio que obligó al oficialismo a una ardua negociación que incluyó a los gobernadores para evitar que se terminara sancionando una ley que consideraba que atentaba contra la caja.
Terminado el conflicto con la sanción de la ley consensuada el 22 de diciembre pasado, el debate por Ganancias se cerró. Pero desde Córdoba llegan noticias preocupantes para la Administración Macri: el efecto positivo de los cambios al tributo se estaría empezando a diluir, lo que volvería a reactivar los reclamos sindicales y la presión opositora. Por ahora, eso ocurre en el caso de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, pero podría generalizarse y según cómo vayan cerrando las paritarias de cada gremio, podría impactar también en los activos.
Habrá dos precios: uno si la operación se salda en un pago y otro, mayor, que reflejará el costo del financiamiento.
Las cuotas siguen pero más caro. En seis cuotas se encarece 20%.
A partir de mañana pagar en cuotas costará hasta un 40% más que el precio de contado. Es porque entra en vigencia el programa oficial “Precios transparentes”, que obliga a los comercios a diferenciar el precio en un pago (con débito, crédito o en efectivo) del que rige para la financiación. Según los bancos, comprar con tarjeta en cuotas llevará un recargo de entre el 10% y el 40%.
“El plazo promedio de las compras a crédito es de seis cuotas. Para ese plazo, el costo de financiación ronda el 20%”, dijo a Clarín Daniel Llambías, titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la cámara que agrupa a los de capital nacional.
Para 12 cuotas, la financiación se eleva al 40%, mientras que a 3 cuotas se acerca al 10%. Son promedios de los costos que aplican los grandes bancos.
En la Secretaría de Comercio afirman que a partir del miércoles las compras financiadas más baratas serán las que se enmarquen dentro del plan “Ahora 12” y “Ahora 18%, que llevará un costo financiero del 27% y 30%, respectivamente. Ambos planes llevan una parte de su costo subsidiado: los bancos no mueven la tasa y a cambio el Banco Central les reduce el encaje bancario.
¿Sobre que valor se aplicará el recargo de la compra con cuotas? La incógnita que por estas horas predomina entre los consumidores y hasta en los propios bancos. Es que nada impide que los comerciantes tomen los precios de contado actuales, que según el Gobierno estaño inflados y esconden el costo que solo deberían pagar quienes opten por mas de un pago, y le sumen el porcentaje de recargo. “No habrá control de precios. Cada comercio fijará el valor que quiera como base para la financiación”, dicen en el Gobierno.
El secretario de Comercio, Miguel Braun, reconoció ayer en declaraciones radiales que "tal vez, algún comerciante se va a querer avivar y decir 'subo el precio", por lo que "habrá que ponerse más vigilantes”. Sin embargo, los controles estarán apuntados a las grandes cadenas de supermercados y electrodomésticos, que son los formadores de precios, y estarían destinados únicamente a chequear si cumplen con diferenciar el precio de contado del financiado. Tampoco habrá controles que impidan que los vendedores ofrezcan un descuento por pagar con efectivo, como ocurre actualmente en gran cantidad de comercios. Esos descuentos en efectivo, oscilan ente el 10% y el 15%.
Para quienes incumplan con la nueva norma y sean detectados por inspectores de la Secretaria de Comercio, tendrán que pagar multas desde $100 hasta $ 5 millones, tal cual esta previsto en las leyes de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
En tanto, en el Gobierno esperan que a mediano plazo la medida ayude a evitar subas de precios. “El que suba los precios seguramente va a tener menos ventas”, dijo Braun. Además esperan que los bancos compitan por la financiación y ofrezcan mejores tasas para sumar clientes. “Vamos a volver a un escenario mas competitivo, como el que vivimos entre 2003 y 2008 donde muchos comercios tenía un descuento con unas tarjetas pero no con todas. “Esto perjudicaría a los bancos pequeños porque los más grandes tienen la posibilidad de negociar acuerdos con las grandes cadenas, mientras hasta ahora estaban todos en igualdad de condiciones porque la gente no sabia el costo financiero total y esa no era una condición a la hora de elegir la tarjeta de un banco”, advierten en un banco líder.
Llambías celebró la medida: “El sistema que tuvimos hasta hoy fue muy bueno, y sirvió para recuperar el nivel de consumo y bancarización después de la crisis de 2002. Esta bien que el Gobierno busque mejorar aun más las condiciones del mercado”, afirmó.
“Para comercios mas chicos la tasa seguramente será mas alta porque los grandes pueden negociar mejores condiciones. Por eso la relevancia de sostener los planes Ahora 12 y 18”, dicen en Comercio.
El titular de AFIP explicó que el reintegro no se realizará de modo automática sino que habrá que realizar un trámite via web luego de que se promulgue la amnistía fiscal.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad anunció que la devolución del Impuesto a las Ganancias por el pago del medio aguinaldo no se realizará de modo automática sino que habrá que realizar un trámite via web luego de que se promulgue la ley de amnistía fiscal.
En diálogo con periodistas luego de anunciar el aumento de la recaudación del 24%, Abad explicó que los empleados en relación de dependencia deberán iniciar el trámite para que le devuelvan las retenciones.
Como primer paso, el empleado deberá realizar el pedido por medio del micrositio que tiene AFIP para las declaraciones vinculadas a Ganancias. Luego, el organismo controlará que el contribuyente esté al día con todas sus obligaciones fiscales en 2014 y 2015.
Para poder acceder al beneficio, el trabajador no debe haber ingresado en el blanqueo del 2013 ni tener deuda con la AFIP. Otro punto importante es que debe haber presentado la declaración jurada de Bienes Personales si ganan hasta 200 mil pesos al año (unos $15 mil pesos por mes) durante los últimos dos años.
Paso a paso. El empleado que pague Ganancias pero no Bienes Personales deberá solicitar la devolución en elSIRADIG, el micrositio de AFIP donde se gestionan las deducciones del impuesto. Se deberá ingresar a la opción para solicitar el beneficio de la amnistía fiscal.
Para Bienes Personales, la AFIP depositará en una cuenta bancaria del contribuyente, a través de una CBU, el importe del anticipo que ya se pagó por el impuesto correspondiente al 2016.
Quienes ganen más de $200.000 brutos al año tendrán la obligación de presentar una declaración jurada (DDJJ)informativa del impuesto a los Bienes Personales. Para poder cobrar el reintegro de Ganancias, el empleado deberá haber presentado las dos últimas DDJJ de Bienes Personales, aunque tenga bienes por menos de $305.000 y no pague el impuesto.
En todos los casos, de cumplirse con los requisitos,habrá tiempo hasta el próximo 31 de enero para reclamar el reintegro.
El oficialismo acepta cambios en la ley de blanqueo para conseguir dictamen (DyN)
El oficialismo se encaminaba a conseguir el dictamen para llevar al reciento el "proyecto ómnibus" en el que conviven el pago a los jubilados con el blanqueo. Con el objetivo de reunir consensos, Cambiemos aceptó modificaciones propuestas por otras fuerzas.
Uno de los puntos que se introducirán postula que a los empleados que no paguen Bienes Personales no se les descontará el Impuesto a las Ganancias. La medida será incluida en el artículo 60 y comenzará a regir este año, si es que para entonces el proyecto fue sancionado.
Se trata de una medida impulsada por el massismo, que condicionó su apoyo a que se recojan una serie de propuestas. Además de la ya mencionada, el espacio pidió que la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad no pueda ser inferior al 7% (hoy es 12%) y se limite el uso de ese dinero con un tope del 25% en los próximos tres años.
El Frente Renovador pidió además la eliminación del artículo 85, que despertó críticas de vastos sectores al establecer la condena con cárcel para aquellos que informen sobre quienes hayan ingresado al blanqueo. Sobre ese punto, que generó malestar sobre todo por la tarea periodística, ya el presidente Mauricio Macri anticipó su modificación.
La idea del oficialismo es que se apruebe el dictamen para poderdebatir el proyecto en la Cámara baja el miércoles o jueves de la semana que viene. Y en tren de conseguir respaldos, aceptaría también la restricción para que jueces y legisladores no puedan acceder al blanqueo de capitales.
El proyecto promueve el reajuste de los haberes y el pago a los jubilados que no hayan iniciado juicio, a los que estén en curso y a los que tengan sentencia firme.
También crea una "Pensión a la Vejez" para las personas mayores de 65 años, cuestionada por el Frente para la Victoria, que quiere ampliar la moratoria llevada adelante por el kirchnerismo.
LPO (La Plata)Las planillas no coinciden. Hay nombres que se superponen y datos incompletos.
El sistema es caótico. Desde que asumió el 10 de diciembre pasado, María Eugenia Vidal y su equipo intentan establecer cuál es la cantidad de empleados que tiene la administración bonaerense.
uentes del Ejecutivo aseguran que existen unas 25 bases de datos diferentes donde en los últimos años se fue cargando el personal. En muchos casos, los datos no coinciden. Hay nombres que se superponen y hay datos incompletos.
Las bases de datos fueron confeccionadas en distintos momentos y en diferentes organismos. Algunas fueron elaboradas por el Banco Provincia, en un intento de ordenar la situación. Otras son de la secretaría General.
Eso deviene también en diferentes maneras de liquidar los salarios. El desorden es tal que en el gobierno aseguran que “no podemos determinar a ciencia cierta cuántos empleados públicos tiene la Provincia". En ese contexto, el gobierno de Vidal intenta pulir esas bases de datos y ordenar el caos de la administración bonaerense.
El encargado de unificar esas bases de datos es Roberto Gigante. Se sabe que el ministro de Coordinación y Gestión tiene a su cargo constituir una especie de tablero de control de la administración bonaerense.
El caos es tal que los propios sindicatos difieren en cuanto a la cantidad de empleados que representan. Desde UPCN estiman que los trabajadores estatales enrolados en la ley 10.430 son unos 150 mil. Desde la Asociación de Trabajadores bonaerenses (ATE), sostiene que son unos 125 mil.
En cuanto a la masa total de trabajadores que mantienen una relación con el Estado, las cifras van desde los 630 mil a los 700 mil. Eso incluye a los docentes, los policías y los judiciales.
En los últimos tres meses, los despidos en la provincia no fueron masivos. A diferencia de Nación, Vidal optó por dejar caer contratos, dar de baja los contratos meramente políticos y algunas cesantías por reestructuración. El foco del conflicto hoy está en Agroindustria donde fueron despedidos unos 90 trabajadores.
Sin embargo, se sabe que en los próximos días se tomarán decisiones respecto de los contratos que en diciembre habían sido renovados por tres meses. Según la última edición de Tiempo Argentino, Vidal revisará unas 14 mil plantas temporarias y otros miles de contratos.
El propio Gigante será el encargado de transmitirle a Vidal dónde será necesario achicar personal, aunque dado el caos con el que se encontraron, la versión que corre en La Plata es que se renovarán los contratos por otros tres meses.
“En diciembre nos pidieron que tenían que tomarse tres meses para hacer una revisión del personal”, dijo a LPO el secretario Gremial de UPCN, Diego Rótola. “En ese momento venían con toda esa psicosis de que éramos todos ñoquis. Habrá que ver qué decisión toman ahora”, agregó.
Mientras el gobierno nacional busca alternativas para superar el traspié en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que emitió dictamen de mayoría en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que elevó de 15.000 a 30.000 pesos el impuesto a las ganancias, esta mañana (10/3) el jefe de gabinete, Marcos Peña, destacó que “es un dictamen de Comisión. Seguimos bien para el recinto. No creemos que sea un indicador de que pueda ser rechazado por alguna de las dos cámaras. Es una señal de que el Congreso está abierto y será un año de mucho debate parlamentario. Nadie tiene mayorías y eso es bueno”.
“Nos habíamos acostumbrado a un Ejecutivo sometiendo al Congreso al blanco o negro, y ahora hay un panorama más abierto. Vuelve la política, que había desaparecido”, indicó en declaraciones que publica hoy (10/3) la agencia Télam.
En cuanto al tema de las escalas, Peña sostuvo que “hay que votarlo este año para empezar implementarlo el año que viene”, y se mostró “optimista en la posibilidad de trabajar y construir consensos para sacar una ley que de previsibilidad para los próximos años”.
El jefe de Gabinete desestimó de plano la posibilidad de que alguna de las dos cámaras rechace el decreto del Ejecutivo y señaló que “va a primar la responsabilidad y el consenso, se va a poder construir para ir saliendo de este impuesto injusto”.
“No podemos dar cheques en blanco. El Estado debe ser responsable y no mentir. Y los dirigentes tienen que ser comprensivos y dar los pasos necesarios para acompañar. No se pueden prometer cosas que el Estado hoy no puede cumplir”, concluyó.
En tanto, desde la Cámara de Diputados, Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR advirtió que si ambas cámaras del Congreso derogan el decreto presidencial"volvemos a los 15 mil" pesos de piso que impuso la ex presidenta Cristina Fernández.
Para Negri por el momento la norma "sigue vigente".
En declaraciones a radio Continental, el diputado radical sostuvo que "para que el decreto caiga tiene que ser rechazado por el dictamen de ambas cámaras".
"Imaginemos que esto no vaya acompañado por una propuesta de Ganancias que sea viable y se vote. Si las dos cámaras derogan este decreto, volvemos a los 15 mil de Cristina", ejemplificó.
"Nadie quiere llegar a ningún límite al que no se pueda retornar, pero lo que digo es que trabajemos en algo que sea fiscalmente posible, no algo obcecado", concluyó.
