Aunque están previstos en el proyecto de Presupuesto 2013 unos 4.015 de pesos para el pago de las sentencias favorables a los jubilados, esa cifra solo se actualiza en un 15% respecto de la que se había aprobado en el presupuesto de 2012.
Es decir el ajuste es menor a la inflación real, estimada en 25%. Así las cosas, con los $4.015 millones se podrían pagar unas 25.000 sentencias. Pero por año ingresan unos 80.000 juicios reclamando la actualización de los haberes.
Este año el número de juicios iniciado por los jubilados se incrementó 5% respecto de 2012. Y cada día se acumula un un número cada vez mayor de expedientes que se frenan al llegar a la instancia de apelación. Ya son alrededor de 6.700 causas las que sufren esa paralización, por una estrategia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El organismo previsional, único demandado en las causas llevadas adelante por los jubilados, comenzó hace poco más de un año a recusar sin causa al juez Luis Herrero, en todos los expedientes que llegan a la Sala II, de la que forma parte el magistrado. Esas recusaciones fueron ya rechazadas por un tribunal de la propia cámara, pero la Anses insistió y llevó el tema a la Corte Suprema, que tiene pendiente la tarea de resolver sobre el tema. Y mientras tanto, las causas no avanzan.
La Corte ya se pronunció en ese sentido. El presidente del máximo tribunal instó el último agosto a "los poderes del a implementar políticas que sirvan para "mejorar y facilitar la vida" de los jubilados y acabar con los juicios por los reclamos de haberes".
fuente clarin
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